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Congresito o comisión legislativa: ¿la improvisación para la paz?

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

José Gregorio HernándezLa lectura sucinta e implacable de un experto muestra cómo el mecanismo que propone el gobierno para desarrollar el acuerdo con las FARC no agiliza el proceso sino que lo demora, viola la Constitución y tiene serias dificultades.

José Gregorio Hernández Galindo*

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón.

La improvisación

Si el proceso de paz con las FARC se encuentra, como dice el gobierno, en la etapa final y se aproximan los acuerdos, no se entiende por qué se anuncian de manera improvisada diferentes proyectos o fórmulas para la refrendación de lo pactado en La Habana.

Este es el caso del anuncio presidencial sobre la conformación de un “congresito” o de una comisión legislativa especial cuyas decisiones, al final, también serían llevadas a  consideración del Congreso.

Al parecer, según lo acordado por los partidos de la coalición de gobierno, se presentará un proyecto de acto legislativo para crear este organismo transitorio que se encargaría de desarrollar los acuerdos a los que se llegue con la guerrilla.

La improvisada exposición sobre el “congresito” que hizo el presidente de la República provocó reacciones en contra, tanto en la oposición como en los sectores políticos que apoyan el proceso de paz.

Por otra parte se ha dicho que la comisión legislativa no se crearía con el propósito de sustituir al Congreso. Sin embargo, a decir verdad, no ha habido claridad sobre el objeto que tendría ese organismo ni sobre el procedimiento de selección de sus integrantes, entre los cuales estarían voceros o representantes de la organización guerrillera designados “a dedo” por el Ejecutivo.

Habrá que esperar el texto final del proyecto para entrar a debatir el fondo de este asunto, que no es de poca monta, ya que se trata, ni más ni menos, del desarrollo y cumplimiento de lo que se pacte en La Habana.

¿Cómo aprobar las reformas?

En una democracia el ideal sería que cuanto se convenga por las partes en un proceso de paz sea ratificado por el pueblo, lo cual le otorgaría legitimidad y validez a lo pactado.

Por otro lado, como es perfectamente previsible en todo proceso de esta naturaleza, de los acuerdos puede surgir la necesidad de hacer reformas constitucionales o legales. La Constitución de 1991 contempla las vías para que esto se haga:

Como ni el “congresito” ni la comisión legislativa especial están previstos en la Constitución vigente, su introducción requeriría una reforma 
  • Si se tratara de reformas de la legislación, la Constitución ha señalado al Congreso de la República, titular de la cláusula general de competencia para que, elegido como lo ha sido por el pueblo, ejerza la función a su nombre y en su representación y formalice cuanto se requiera en materia de leyes como culminación de los diálogos.
  • Si se tratara de reformas constitucionales, los mecanismos al respecto están previstos. En efecto, mientras la Constitución de 1886 señalaba exclusivamente al Congreso como el competente para su reforma, la de 1991 consagra tres vías para su enmienda:

1) Por el Congreso, mediante acto legislativo que debe ser aprobado en el curso de dos períodos ordinarios y consecutivos de sesiones;

2) Por una asamblea constituyente, convocada por el pueblo en los términos y con los requisitos previstos en el artículo 376 de la Constitución, y cuyos miembros deben ser elegidos popularmente;

3) Por el pueblo, mediante referendo convocado por ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 378 de la Constitución.

Ahora bien, como ni el “congresito” ni la comisión legislativa especial están previstos en la Constitución vigente, su introducción requeriría una reforma constitucional tramitada por medio de cualquiera de los tres mecanismos mencionados.

Aquí surge el primer contrasentido en la exposición que han hecho el presidente y sus voceros en materia de paz: quieren agilizar la refrendación de los acuerdos -a los que todavía no se ha llegado- pero proponen crear un nuevo cuerpo legislativo cuyo trámite de aprobación demorará al menos dos períodos ordinarios y consecutivos de sesiones. Es decir, solamente después de un año comenzaría a actuar ese organismo.

Contra la Constitución

Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Foto: Congreso de la República de Colombia

¿Qué tendrá a cargo esta comisión legislativa especial o este “congresito”? Todo depende del texto que se presente al Congreso y que finalmente se apruebe. Si se trata de un ente al que le será señalada una función legislativa, como el nombre lo indica, es natural que vaya a legislar.

Pero, ¿desplazará al Congreso? ¿Cuál sería la razón para ello? ¿Lo que la comisión apruebe habrá de ser ratificado por el Congreso? Y si esto es así, ¿por qué gastar un año en la creación de un organismo que no tendrá facultad decisoria? ¿Para qué se habría creado?

Además, no hay que olvidar el problema de la conformación de la comisión. ¿Sus miembros serán elegidos popularmente? ¿Serán escogidos por el presidente y las FARC? ¿Podrán hacer parte de ella los miembros de la guerrilla?

¿Por qué, tratándose de una materia de tanta trascendencia para el país, se prefiere “lanzar globos” para medir las reacciones en vez de preparar con seriedad y calma una propuesta sólida?

Es válido hacerse estas preguntas porque el acto de reforma iría muy seguramente al control de la Corte Constitucional, y esta podría concluir que se estaría sustituyendo la esencia de la Constitución y declararlo inexequible, lo que daría al traste con el proceso de paz.

Además, hay un obstáculo de fondo y sobre el cual no se ha pronunciado el gobierno, como si no lo hubiera visto, o como si quisiera esconder la cabeza a la manera de los avestruces. Se trata de la subsistencia del artículo 122 de la Constitución, cuyo texto actual proviene del año 2009, y que no fue modificado ni derogado por el Marco Jurídico para la Paz. Esa norma establece, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”.

Ese obstáculo no puede ser removido constitucionalmente por una comisión legislativa ni por un “congresito”. Entonces, ¿se tramitaría un proyecto de acto legislativo para que los guerrilleros que están en cualquiera de esos casos pudieran ser elegidos o nombrados? ¿Cuándo se tramitaría, antes o después de la creación de la comisión legislativa?

Todas estas son las inquietudes que genera la improvisación del Ejecutivo en el campo jurídico, pese a que, tengo entendido, cuenta con muy buenos asesores.

El jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la Calle.
El jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la Calle.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Más preguntas

Ante esta situación surgen muchas otras preguntas:

  • ¿por qué, tratándose de una materia de tanta trascendencia para el país, se prefiere “lanzar globos” para medir las reacciones en vez de preparar con seriedad y calma una propuesta sólida?
  • ¿Está bien que se improvisen tantas cosas? ¿O será que estamos ante un proceso premeditado, orientado a “quemar” propuestas para concluir finalmente, como lo quieren las FARC y el Centro Democrático, en la convocatoria de una asamblea constituyente?
  • ¿Se quiere sacar adelante los acuerdos y su refrendación por mecanismos no constitucionales?
  • ¿Sería esto un golpe de Estado a la Constitución de 1991?

 

* Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

@josegreghg

 

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Comentarios  

Sergio Lamus
0 # Sr.Sergio Lamus 24-08-2015 15:45
José G.,
Si usted le cree al gobierno que se aproximan los acuerdos, fuerza es que acepte que toca ya pensar en el mecanismo para refrendarlos.
De pronto esto también es materia de acuerdo con las Farc .
Pienso que sus reflexiones son muy improvizadas y de poco calado.
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