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El delito político como instrumento de paz

(Tiempo estimado: 4 - 8 minutos)

Habana, junto al presidente cubano Raúl Castro.

Sebastián ZuletaEl acuerdo sobre justicia transicional que se anunció en La Habana y una sentencia de la Corte Suprema reviven el debate sobre el delito político y la conexidad del narcotráfico. Aquí un resumen sobre el estado del arte y los alcances de estas decisiones.

Sebastián Zuleta*

¿Coincidencia?

El viernes de esta semana, tras anunciarse el acuerdo sobre justicia transicional entre el gobierno y las FARC, se conoció un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la conexidad entre el delito de rebelión y el delito de narcotráfico a propósito de un caso particular - la extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias “Misael”, miembro del Frente 10 de esa organización guerrillera-

La defensa había argumentado que los delitos de Carvajal Isidro – referentes al porte ilegal de armas y al narcotráfico - habían sido de carácter político, y la Corte reconoció el carácter conexo de estos delitos con el delito de rebelión.

Por su parte en el acuerdo anunciado entre el gobierno y las FARC, se contempla con toda claridad un mecanismo de indulto y amnistía para aquellos guerrilleros que cometieron “delitos políticos y conexos”, reservando la condena con penas restrictivas de la libertad para los “máximos responsables” en la perpetración de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Dos visiones

Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba.
Foto: Facebook Delegación de Paz FARC EP

Existen dos corrientes de pensamiento divergentes sobre la naturaleza de las conductas que pueden ser consideradas como delitos políticos:

  • La primera es restrictiva y concibe el delito político como aquel que lesiona de manera inmediata la existencia, estructura, capacidad y seguridad del Estado.
  • La segunda consiste en una interpretación más amplia de las conductas que podrían enmarcarse dentro de este tipo penal, incluyendo delitos comunes que guardan algún tipo de relación con el ámbito de lo político. Aquí se privilegia la paz sobre la justicia,  de manera que si bien el enemigo sigue siendo considerado un delincuente, se le  reconoce un estatus cercano al del beligerante para estimularlo a negociar y a reinsertarse.

Pero la evolución histórica de la figura del delito político muestra cómo este se ha ido convirtiendo en un concepto sin aplicaciones prácticas en virtud de los muy altos costos políticos que implicaría su reconocimiento.  

El limbo colombiano

La Constitución de 1991 se refiere expresamente a los “delitos políticos” en ocho artículos distintos, pero en ninguna parte los define de manera precisa. 

El Código Penal incluye un capítulo titulado “De los delitos contra el régimen constitucional y legal”, donde están tipificados los delitos de sedición, rebelión, asonada, conspiración, y “seducción, usurpación y retención ilegal de mando”.

El narcotráfico y el porte ilegal de armas pueden ser  reconocidos efectivamente como delitos conexos con el delito político de rebelión

Y sin embargo a partir de una demanda interpuesta por general Harold Bedoya, la Corte Constitucional (Sentencia C-456 de 1997) declaró inexequible el artículo 127 del Código Penal que consagraba la exención de la pena para los delitos punibles cometidos en combate, en situaciones de rebelión o sedición. Desde entonces, como dice Álvaro Villarraga, “los delitos conexos al delito político pasaron a ser delitos autónomos, que no se subsumen ni en la rebelión ni en la sedición y por tanto se sancionan aparte”.  

Pese a todo lo cual en la misma sentencia C-456 de 1997, la Corte afirmó que incurren en un error quienes afirman que la declaración de inexequibilidad del artículo 127 (del Código Penal), dificulta cualquier proceso de paz con agentes al margen de la ley. No, en un eventual proceso de paz, puede el Congreso ejercer la facultad que le confiere el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución (´conceder amnistías o indultos generales por delitos políticos´). A la paz no se tiene que llegar por medio de la consagración de la impunidad permanente de las peores conductas criminales”.

En qué quedamos

Para tener alguna claridad sobre si existe en Colombia la conexidad con el delito político y sobre cuáles conductas pueden ser consideradas como un delito conexo, es necesario entonces remitirse a otro fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-577 de 2014) que recogió los aspectos principales de la jurisprudencia nacional referente al delito político. Aquí se enuncian tres criterios principales al respecto:

  • Finalidad; la Corte Constitucional ya había definido al delito político como aquel que inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes prescritas del orden constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue”.
  • Conexidad; el delito conexo tiene que ser cometido en función del delito político. Es decir, debe ser producto directo y necesario del delito principal.
  • Proporcionalidad; los medios utilizados y el daño ocasionado no deben ser exagerados o injustificables como medios para lograr el fin que se persigue.

El caso de las FARC

A la luz del acuerdo de esta semana en La Habana, es urgente reglamentar los tres criterios anteriores sobre bases concretas y verificables, de manera que la conexidad no se convierta en un incentivo perverso para la comisión de nuevos delitos, sino que sirva en efecto para que los rebeldes negocien la paz que Colombia necesita.

El Congreso – o en este caso la Comisión Legislativa Especial que propone el proyecto de reforma constitucional del gobierno- necesita un margen de maniobra suficiente en relación con los delitos políticos y conexos para poder asegurar el éxito de la negociación y –sobre todo- para aumentar el grado de certeza sobre la desmovilización y la reinserción de los excombatientes.

De esta manera, tanto el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia como las  declaraciones repetidas del Fiscal General de la Nación, van en el mismo sentido de facilitar el acuerdo con las FARC. El narcotráfico y el porte ilegal de armas pueden ser  reconocidos efectivamente como delitos conexos con el delito político de rebelión, lo cual no obsta para que tengan que cumplirse los tres requisitos que ha precisado la Corte Constitucional.

Es más: el tratamiento de los desmovilizados de las FARC no sería extensivo a otros delincuentes, puesto que sólo los miembros de esta organización son imputados a partir del delito de rebelión.

En efecto: la jurisprudencia nacional ya ha establecido que narcotraficantes y paramilitares que se hayan sometido a la justicia o se hayan desmovilizado se consideran criminales cuya conducta principal se enmarca dentro del concierto para delinquir y no dentro de un delito de carácter político (rebelión, sedición o asonada). No existe, ni fáctica ni jurídicamente, posibilidad alguna de que la conexidad de algunos delitos cometidos por ellos, tales como narcotráfico y porte ilegal de armas, sean reconocidos como conexos con la conducta principal en el caso de estos grupos.

Las consecuencias

Sala Plena de la Corte Constitucional.
Sala Plena de la Corte Constitucional.
Foto: Facebook Corte Constitucional de Colombia

Pero, después de todo, ¿qué tanto importa que un delito sea -o no sea- “político” o “conexo”?

La Constitución de 1991 estableció que el reconocimiento del delito político y sus conductas conexas da lugar a  cuatro consecuencias favorables para los sindicados:  

  • La concesión de amnistías (condicionadas) o indultos;
  • La aplicación de penas alternativas;
  • La posibilidad de participar en política, y
  • La suspensión de la extradición.

El asunto, por lo tanto, es  de una gran importancia.

 

* Politólogo, abogado, magíster en Derecho Internacional

 

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Comentarios  

Amira Armenta
-1 # TraductoraAmira Armenta 29-09-2015 05:05
Gracias por este artículo. Aclara muchas dudas sobre este tema tan complejo.
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