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¿En qué consiste el desajuste del aparato estatal colombiano?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Jose Gregorio HernandezLas cabezas de las entidades oficiales actúan como políticos más que como servidores públicos, la reforma de “equilibrio de poderes” fracasó y seguimos sin remedios a la vista. El panorama caótico de nuestras instituciones. 

José Gregorio Hernández Galindo*

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

¿Crisis o desinstitucionalización?

Se ha hablado mucho sobre la crisis en la administración de justicia en Colombia.

Pero yo creo que el problema es bastante más grave: lo que padece la justicia colombiana es una desinstitucionalización progresiva, que consiste o se refleja en varios hechos alarmantes:

  • El predominio de las vías de hecho sobre los procedimientos y mecanismos establecidos por el orden jurídico;
  • El decaimiento de las reglas fundamentales de un Estado de Derecho;
  • La pérdida de credibilidad de los órganos estatales;
  • La distorsión del papel que cumplen los organismos frente a la población;
  • La confusión entre los intereses particulares y los públicos;
  • La falta de efectividad de la ley;
  • El desacato y la falta de respeto a las decisiones judiciales;  
  • La politización de las funciones judiciales y de control.

Del presidente de la República para abajo, los altos funcionarios ya no se pronuncian mediante decretos o resoluciones, sino a través de trinos en las redes sociales. Y entretanto los ministros y los dirigentes de oposición se trenzan en polémicas estériles con mutuas ofensas por esos mismos medios, lo cual por supuesto desdibuja las instituciones.

En lugar del equilibrio se creó un desequilibrio a favor del presidente y de la Comisión de Aforados.

Además en Colombia se ha venido extendiendo la práctica de no respetar los linderos funcionales. Los organismos públicos, inclusive las altas corporaciones de justicia, la Fiscalía y la Procuraduría, han perdido de vista los límites de sus atribuciones y han entrado en campos ajenos a los suyos. Peor aún, hacen uso de sus facultades como si fueran  fuentes de poder personal o de grupo para contradecir o para oponerse a decisiones de otros órganos.

La reforma  de “equilibrio de poderes” no ha servido

El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Foto: Procuraduría General de la Nación

Ya lleva varios meses de vigencia el Acto Legislativo 2 de 2015, que se presentó como una reforma para restablecer el equilibrio entre las ramas y órganos del poder público.

Pero este objetivo laudable no se logró, entre otras razones porque el proyecto, más que buscar una genuina armonía para evitar abusos, se diseñó realmente para eliminar las reelecciones del presidente de la República y del Procurador General de la Nación.  

Esta reforma también tuvo en cuenta la existencia de una “puerta giratoria” entre las altas corporaciones de justicia, así como de un fuero constitucional para magistrados y para el Fiscal General de la Nación. En consecuencia se suprimió el Consejo Superior de la Judicatura y en su reemplazo se crearon tres nuevos entes (el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial), que todavía a estas alturas no se han podido conformar.

También se modificó el sistema de juzgamiento de los altos magistrados y del fiscal, para quienes desapareció el denominado “fuero constitucional especial”, un sistema que se conservó únicamente para el presidente de la República y para los miembros de la nueva Comisión de Aforados, encargada de investigar y acusar a los magistrados y al fiscal.

O sea que en lugar del equilibrio se creó un desequilibrio a favor del presidente y de la Comisión de Aforados y en detrimento del fuero especial que cobijada a los magistrados de las Cortes según la Constitución de 1991.

De este modo la reforma estuvo lejos de cumplir su cometido teórico: no hubo equilibrio ni cambio de reglas sobre la postulación y elección de magistrados, fiscal, procurador, defensor del pueblo y otros funcionarios. Solamente se postergaron las reformas de fondo,  se cambió el nombre de algunos entes, se separaron los fueros penal y disciplinario y se introdujeron algunas restricciones a los servidores públicos en materia de nombramientos.

Pero hizo falta una visión de conjunto sobre las relaciones entre las ramas y órganos del poder público, así como disposiciones para garantizar la efectividad de los mecanismos de elección y designación con miras a la calidad y despolitización de las funciones judiciales, fiscales y de control.

Siguen los males

Hoy siguen presentes las viejas enfermedades del diseño institucional colombiano:

  • El presidente de la República sigue gozando de un poder desmesurado;
  • El presidente y los expresidentes siguen gozando de un fuero que los hace invulnerables ante la administración de justicia;
  • Las funciones del fiscal y del procurador no están bien delimitadas, y eso ha dado pie a choques permanentes entre ellos y a la constante irrupción de estos funcionarios en la gestión presidencial y en los más variados campos de la vida nacional;
  • No hay equilibrio entre el gobierno y el Congreso, ni independencia de este frente al Ejecutivo, pues las Cámaras siguen siendo dependientes de la voluntad presidencial. Por ejemplo, el Congreso ya tramitó la primera vuelta de un acto legislativo que establecerá un sistema especial de legislación y reforma constitucional para aprobar las normas provenientes de los acuerdos de paz de La Habana, sin iniciativa de los congresistas y sin la posibilidad de que estos modifiquen o ajusten los proyectos gubernamentales. Además esta reforma  dará facultades extraordinarias al jefe del Estado, prorrogables por decreto.
  • En el seno de las altas corporaciones judiciales siguen existiendo “bloques” de magistrados para la selección de sus propios miembros cuando hay vacantes, inclusive para la elección de presidentes y vicepresidentes de estas instituciones;
  • Para acceder a las magistraturas y a los altos cargos de elección sigue vigente la costumbre de hacer prevalecer el lobby y el apoyo político por encima de la consideración de las hojas de vida de los candidatos;
  • Corporaciones judiciales, Fiscalía y Procuraduría siguen filtrando selectivamente informaciones sobre procesos, dan lugar a especulaciones indebidas y a presiones sobre los funcionarios y magistrados, y hasta propician la fuga de personas sometidas a juicio o condenadas;
  • Las sentencias se dan a conocer mediante comunicados, pero los fallos reales solamente son firmados y divulgados después de varios meses, lo que crea inestabilidad e inseguridad jurídicas;
  • Los concursos para proveer plazas en la Rama Judicial han perdido credibilidad porque los cuestionarios para exámenes y pruebas circulan y se venden, lo que desfigura los resultados y desvirtúa el sistema de selección, indispensable en la carrera judicial;
  • Existe una malsana tendencia a que las normas jurídicas sean interpretadas de cualquier manera, permitiendo que los principios constitucionales de justicia y seguridad jurídica sean desconocidos por razones políticas o de conveniencia;
  • Las jurisprudencias se cambian en las altas corporaciones sin técnica ni fundamentos, sin observar reglas y sin dar razón para los cambios, que  muchas veces son “bandazos” altamente perjudiciales para el orden jurídico;
  • Las parciales reformas introducidas se quedan en la superficie, y se reducen a la cúpula de la administración de justicia;
  • Y encima de todo eso siguen existiendo la congestión de los despachos, la morosidad en los procesos, el excesivo formalismo, los focos de corrupción, los paros judiciales indefinidos, la proliferación de testigos falsos, la impunidad y el desafío de sectores políticos a los fallos judiciales.

La reforma está pendiente

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Foto: Corte Suprema de Justicia

Las reformas a la justicia deben ser integrales, armónicas y abarcar toda la estructura y no solamente la cúpula. En nuestro caso una reforma debe cambiar de fondo las viejas instituciones, no cambiar sus nombres para dejar los vicios existentes, ni inventar nuevos entes con problemas similares.

No se trata de proponer la supresión de la Corte Constitucional a raíz del escándalo que la afecta. Ni de acabar con la Defensoría del Pueblo por las denuncias por acoso sexual contra su extitular. Ni de eliminar la Fiscalía General por sus inexplicadas contrataciones. Ni de otro tipo de soluciones absolutas o indiscriminadas, casi todas fruto de la calentura del debate público.

El presidente de la República sigue gozando de un poder desmesurado.

En la reforma de 2015 se avanzó en algo, pero todavía falta despojar por completo a las altas corporaciones judiciales de sus responsabilidades sobre nombramientos, ternas y listas, atribuciones que, en vez de despolitizar los procesos de elección, han significado la politización de las Cortes y de sus integrantes.

Es verdad que el juzgamiento de los magistrados no puede ser puramente político, pero tampoco el del presidente de la República o el de los expresidentes, en especial cuando se trata de la posible comisión de delitos.

Además se necesita una mejor preparación de los abogados, en el derecho y en la ética, y  estimular las actividades de control ético y jurídico por parte de los colegios y asociaciones de abogados. Eso se previó en la Constitución de 1991, pero no ha sido desarrollado.

No hay necesidad de consagrar nuevas normas que prohíban el lobby o cabildeo ante los jueces y corporaciones judiciales, porque esto ya está prohibido en los reglamentos de todas las altas corporaciones. Hay que hacer cumplir esas disposiciones y adelantar los procesos disciplinarios para sancionar con dureza a los magistrados y abogados infractores.

Está muy bien que la Comisión de Aforados se constituya con los más acreditados  magistrados, pero precisamente por ello esta ha debido ser un tribunal con plena competencia para conocer las infracciones, investigarlas y sancionar a los infractores, sin proceso político previo.

Hay que hacer algo pronto ante esta crisis profunda y delicada. No podemos sacrificar a las instituciones. De todas maneras, no hay que olvidar que el gran problema, tanto de la justicia como de las otras ramas y órganos del poder público, no es de normas sino de personas.

 

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

twitter1-1@josegreghg 

 

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