La Fiscalía de Eduardo Montealegre: la investigación como espectáculo

(Tiempo estimado: 6 - 12 minutos)

El Fiscal General Eduardo Montealegre.

Jorge Iván CuervoAntecedentes brillantes y actuaciones dudosas. Jurista con ribetes de político y puestero. Mejoras en la lucha contra el crimen y afanes desmedidos de protagonismo. Balance de una gestión discutida y discutible.  

Jorge Iván Cuervo R.*

Credenciales rotas

Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía General de la Nación con los mejores pergaminos posibles para un cargo de esta naturaleza:

  • Reconocido abogado penalista,
  • Exmagistrado de la Corte Constitucional,
  • Exviceprodurador general de la Nación,
  • Connotado académico, con estudios de doctorado en Alemania de la mano de juristas como Günther Jakobs.

Estos antecedentes presagiaban una gran gestión, pues quién mejor que un penalista sintonizado con las nuevas corrientes del derecho penal para un escenario de justicia transicional como el que se avecina en Colombia donde es necesario pasar de un paradigma de justicia punitiva a uno de justicia restaurativa.

Sin embargo, su pasado de abogado penalista lo siguió hasta la entidad, especialmente con el sonado caso de Saludcoop, empresa que Montealegre asesoró en negocios jurídicos, por lo cual tuvo que declararse impedido y delegar las investigaciones en el vicefiscal José Fernando Perdomo. Pero pasaron cuatro años y ni a Carlos Gustavo Palacino ni a ninguno de los exdirectivos de la EPS le han imputado cargos por esos sucesos. De hecho se movió mucho más rápido la investigación contra la hoy ex contralora Sandra Morelli, quien decidió iniciar los procesos fiscales para recuperar los 1.4 billones de recursos de la salud comprometidos en las irregularidades de Saludcoop.

El fiscal rápidamente  mordió el anzuelo de la vanidad y el protagonismo.

Esta situación sembró serias dudas sobre el verdadero compromiso de la entidad dirigida por Montealegre y dejó ver una posible retaliación contra quien se atrevió a iniciar los juicios fiscales por este caso, lo que acabó de horadar la legitimidad del fiscal e hizo dudar de su independencia e imparcialidad.

El nombre del fiscal se empezó a asociar, además, con el impulso de nombres para magistrados en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, entre otras instituciones, y participó de manera activa contra la reforma de Equilibrio de Poderes, hasta el punto de haber demandado el Acto Legislativo ante la Corte Constitucional, un activismo institucional ajeno al ejercicio de sus funciones.

También, en una acción típica de su carácter, Montealegre anunció que daría a conocer una investigación que estremecería al país: la posible responsabilidad del exdiputado Sigifredo López en la muerte de sus compañeros a manos de las FARC. Sin embargo al poco tiempo tuvo que desmentirla, con un alto costo para la imagen de seriedad y el rigor de la Fiscalía en sus investigaciones penales. Otro tanto pasó con el caso de la actriz Carolina Sabino.

Una cuestión de imagen

El Procurador General Alejandro Ordóñez.
El Procurador General Alejandro Ordóñez.
Foto: Procuraduría General de la Nación

Ese fue el estilo de trabajo de Montealegre, quien buscó agitar las salas de redacción de los periódicos, emisoras y noticieros con cada uno de sus pronunciamientos. El fiscal rápidamente  mordió el anzuelo de la vanidad y el protagonismo y se sintió con la misión de hacer contrapeso a las posturas del procurador Alejandro Ordoñez y tirar línea sobre todos los temas relacionados con la paz y otros que no tenían ninguna relación con sus funciones.  

Montealegre ha llegado a ser más visible e importante que la entidad que preside, y esto ha tenido un impacto claro sobre la manera como los ciudadanos perciben a la Fiscalía. Una evaluación sobre la gestión de un fiscal debe hacerse a la luz de las cifras, pero su excesivo protagonismo ha impedido ese debate.

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) hizo el balance de diez años del sistema Penal Acusatorio (SPA), cuatro de los cuales le corresponden a Montealegre, y los resultados no son los mejores. En el balance de ingresos en el Sistema Penal Acusatorio por año se encuentran los siguientes datos:

Ingresos al SPA (denuncias, querellas, investigaciones de oficio, capturas en flagrancia)

2010

998.887

2011

1.051.868

2012

1.060.201

2013

1.132.974

2014

1.100.016

Como bien lo señala la CEJ, la demanda de justicia se ha estabilizado en cerca de 1.100.000 casos al año. En relación con los egresos, se puede leer en el informe de la CEJ que: “la regla general ha sido la preponderancia de salidas por causales de archivo con una participación del 70 % en el total de las salidas, (…) extinción penal con un 11 %, conciliación con 9 %, sentencias con 5 % y principio de oportunidad con un 0.6 %”.

Las razones de archivo son dos: por conducta atípica y por imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo de la conducta. Esta cifra golpea directamente la percepción de la ciudadanía sobre la eficacia de la Fiscalía en la lucha contra el crimen y deja una sensación de impunidad constante que, paradójicamente, absorben políticamente los gobiernos, tanto los locales como el nacional.

Malas decisiones

Con Montealegre se esperaba una verdadera revolución institucional en la Fiscalía General de la Nación, y para ello se aprobó la Ley 1654 de 2013 que dio facultades extraordinarias al presidente de la República y que dispuso una reestructuración que liberó al despacho del fiscal general de varias funciones de investigación y de dirección interna que pasaron al despacho del vicefiscal. Esto permitió que el fiscal se convirtiera en una especie de canciller de la entidad con funciones de vocería, las cuales cayeron como anillo al dedo al perfil de Eduardo Montealegre, proclive a la figuración en medios y al debate político por fuera de sus funciones legales y constitucionales.

Pero la reestructuración no tomó medidas para mejorar la capacidad de investigación de la entidad, tales como el fortalecimiento de las direcciones regionales con más fiscales y personal técnico de investigación, el aumento del número de investigadores de apoyo para los fiscales o la consolidación de la carrera administrativa. La propia CEJ ha señalado que la nueva estructura al crear tantas direcciones difumina responsabilidad y controles y contribuye al aumento de la burocracia, en detrimento, decimos nosotros, del fortalecimiento con fiscales e investigadores[1].

Estos temas esperaban ser resueltos con Montealegre, quien conoce mejor que nadie las limitaciones con las que se hace investigación judicial en Colombia. Pero en lugar de ello el fiscal prefirió contratar una red de asesores cuyo aporte a la entidad aún está por verse.

Entre estos, el caso más escandaloso fue el de Natalia Springer, tanto por el monto comprometido como por el objeto de su contrato: un algoritmo para identificar patrones de conducta criminal, algo que nunca debería estar por encima del análisis cualitativo y contextual que demanda la investigación criminal. Este hecho le dio el golpe de gracia a la credibilidad del fiscal y envió el mensaje de que la entidad no cree en su propio recurso humano.

Como si fuera poco, el tratamiento de la oposición ha sido, por lo menos, torpe. El perfil de activista político de Montealegre permitió que la oposición uribista construyera un discurso de persecución política, claramente infundado, según el tipo de delitos por los que se investiga a varios de sus alfiles. Esto ha obligado al gobierno a dar explicaciones y ha llevado al propio fiscal a acudir a la CIDH para demostrar su independencia e imparcialidad, algo realmente inusual.

Lo bueno

La periodista Jineth Bedoya.
La periodista Jineth Bedoya.
Foto: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Donde puede encontrarse un mejor balance de la gestión de Montealegre es en la adecuación de la entidad a los desafíos de la lucha contra el crimen organizado.

El SPA ha sido criticado por servir para el delito de baratija y no para los delitos de mayor complejidad por basar la investigación en técnicas que no iban más allá del testimonio. La Fiscalía hizo frente a esta situación con la introducción del criterio de priorización de casos y el análisis contextual llevado a cabo por la Dirección de Análisis y Contexto y otras direcciones adscritas al despacho del vicefiscal.

Este cambio ha permitido dar importantes golpes a bandas criminales y capturar a varios de sus líderes. Además, se reactivaron casos emblemáticos como:  

  • El Palacio de Justicia,
  • Los crímenes del DAS,
  • Los magnicidios de candidatos presidenciales de la izquierda en los ochenta,
  • Los crímenes de Luis Carlos Galán y de Jaime Garzón.

La Fiscalía también ha logrado avances importantes en la Ley de justicia y paz, la cual tuvo un rezago importante entre 2005 y 2010. Con la llamada “priorización” empezaron a destrabarse los casos de más de 4.700 postulados y se han dado importantes sentencias (“macrosentencias” según la nueva metodología) como las de Salvatore Mancuso, Bloque Héroes de Tolová, Bloque Elmer Cárdenas y “Juancho Prada”.

Se debe destacar la adopción del enfoque de género en las investigaciones de crímenes sexuales.

En materia de casos en temas de corrupción, se han empezado a ver avances importantes en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá, lográndose condenas contra varios de sus protagonistas, incluido el ex alcalde Samuel Moreno, y en la Dirección Nacional de Estupefacientes y algunos mandatarios y ex mandatarios locales implicados en redes de corrupción como en el Chocó o con el crimen organizado en la Guajira.

Por último, se debe destacar la adopción del enfoque de género en las investigaciones de crímenes sexuales asociados con el conflicto, como la esterilización, el aborto forzado y las violaciones. Esta perspectiva permitió la sentencia contra “El Panadero” por los delitos cometidos contra la periodista Jineth Bedoya.

Un cuatrenio cuestionable

Sin embargo, entre los casos emblemáticos se destaca el poco avance sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el cual, siguiendo la misma lógica de otros, debería ser considerado de lesa humanidad, o el del joven Luis Colmenares, un caso en el que la Fiscalía ni siquiera ha podido establecer si se trata de un homicidio.

La opacidad de las cifras de la Fiscalía – un mal de toda la Rama Judicial- hace imposible un balance más preciso de la entidad. Pero en su informe de gestión 2014 - 2015 se pueden ver cifras que muestran que durante estos cuatro años la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Eduardo Montealegre, pudo haber hecho mucho más por el fortalecimiento de la propia entidad y por consolidar una imagen institucional de eficacia, independencia e imparcialidad.

Sin embargo, al dejarse tentar por la vanidad del poder y caer en el protagonismo mediático, Montealegre produjo no solamente un desgaste de su imagen personal sino de la propia entidad.

En una entrevista en el periódico El Tiempo de este domingo, Montealegre afirmó ser un actor políticamente incorrecto, y ahí es donde está el problema: un fiscal general tiene que ser protagonista en el desarrollo de sus funciones, esto es, por investigar y acusar a quienes violen la ley penal, asumir posiciones políticas afecta la independencia y la imparcialidad de un cargo que no es de naturaleza política dada su ubicación institucional en la rama judicial. No haber entendido esto, es el gran pecado de Montealegre y la razón por la cual su gestión será discutida y cuestionable.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

 


[1] El fallido proceso de la llamada Universidad de la Fiscalía, un capricho de Montealegre que el presidente Santos le concedió, fue otro descalabro que supuso un detrimento patrimonial que debe ser investigado por la Contraloría General de la República.

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Comentarios  

Sergio Casas
0 # ComentarioSergio Casas 28-03-2016 12:57
La gestión buena del fiscal estuvo dirigida a solucionar asuntos puntuales de personajes que influyen en la vida pública, pero sus errores tienen que ver con la eficiacia dela justicia para los ciudadanos de a pie. Lamentable, y más su amor por darle noticias a los medios.
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Bacini
-1 # Doctorado?Bacini 30-03-2016 00:19
Esto es falso: "estudios de doctorado en Alemania de la mano de juristas como Günther Jakobs". Montealegre no ha realizado ningun doctorado en Alemania. Cuervo de donde saca eso? Hacen parecer a Montealegre mucho mas de lo ques.
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Viviana Rodriguez
0 # ¿Enfoque de género en la Fiscalía?Viviana Rodriguez 31-03-2016 11:51
El articulo es muy interesante, pero su autor asegura que un avance del periodo Montealegre fue el enfoque de género. EQUIVOCACIÓN por falta de información. 1. Desde que llegó el Dr. Montealegre se cortó la comunicación directa de las organizaciones de mujeres con la Fiscalía, aunque se contrataron asesoras "de enfoque" no se puede decir que se avanzo con ese "enfoque". 2. Igual que el balance general de los procesos, las violencias contra las mujeres tampoco fueron una prioridad, incluso siendo el género un criterio de priorización. Ni siquiera se avanzó realmente en los casos de violencia sexual en el conflicto armado (Ver: Informe Mesa del Auto 092 y 005 colectivodeabogados.org/.../.. .). 3. Casos como el de Jineth Bedoya demuestran precisamente la inoperancia de la fiscalía, pues antes de que el Panadero aceptara, la fiscal encargada del caso y que adelantaba otras investigaciones , decidió precluir el caso contra este agresor, luego se retractó.
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Juan Guevara
0 # REVISIONJuan Guevara 02-04-2016 19:22
Claramente el sistema es un fracaso y sus acciones rayan a veces en lo ridículo sobre hechos que merecen toda la importancia y cuidado del Estado. Esta institución es ajena a la idiosincrasia colombiana y no representa una respuesta eficaz a los retos que nos plantea nuestra criminalidad. No ha servido para combatir las grandes organizaciones criminales pues hemos tenido que negociar con ellas mientras esgrime una política de renunciar a la persecución de los crímenes menores bajo el argumento de concentrarse en las grandes organizaciones delictivas.
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