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La elección del fiscal: ¿cálculos políticos o competencia técnica?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Jorge Iván Cuervo¿Quiénes son, a quién o quiénes representan, por qué fueron incluidos en la terna, cómo serían recibidos por la Corte encargada de elegir, y qué podría implicar el nombramiento de cada uno de los tres juristas postulados por el presidente Santos?   

Jorge Iván Cuervo R.*

Sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Una pantomima política

El presidente Santos definió la terna que debe ser presentada a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la Nación, de donde saldrá el reemplazo de Eduardo Montealegre.

Los postulados son Mónica Cifuentes, Néstor Humberto Martínez y Yesid Reyes, los tres vinculados al gobierno de una forma u otra. Esto indica que Santos ratifica que no se sale del círculo de confianza a la hora de integrar este tipo de ternas o de postular personas para otros cargos. Después de hacer una convocatoria pública en la cual se inscribieron cerca de 114 candidatos, Santos no vio más allá de los nombres que se barajaron desde el principio y, sin que se conocieran los criterios que se utilizaron para la preselección, lo cierto es que ninguno de los candidatos de afuera del gobierno quedó en la terna.

Esta situación deja el sabor de haber sido una pantomima para sacar de la terna al vicefiscal y al hoy fiscal €, José Fernando Perdomo, y desmarcarse del incómodo legado de Montealegre sin tener que enfrentar grandes consecuencias políticas.

Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo.

En este caso llama la atención que más que la búsqueda de la persona idónea para el cargo, la terna se haya convertido en un pulso político entre Vargas Lleras, con su candidato Martínez; el liberalismo, que tímidamente se siente representado por Reyes (aunque hubieran preferido a Perdomo); y Sergio Jaramillo, con Mónica Cifuentes, quien sería una buena carta para alinear al siguiente fiscal con las necesidades del posconflicto.

La inclusión de Néstor Humberto Martínez supuso un triunfo para el vicepresidente y una derrota para la exministra de la Presidencia, la super poderosa María Lorena Gutiérrez. Como se ve, la inclusión de Martínez terminó precipitando una recomposición del gabinete, lo cual da una idea de la importancia que tiene la elección del fiscal general en las actuales circunstancias.

Los candidatos

El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
El exministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez.
Foto: Presidencia de la República

En principio, los tres candidatos son idóneos para el cargo.

  • Cifuentes llevaría una ventaja técnica por haber trabajado en la Fiscalía en un cargo directivo en esa entidad, y por liderar el equipo jurídico del gobierno en la negociación de La Habana y contar con el respaldo de Sergio Jaramillo, uno de los hombres que le habla al oído al presidente. Su condición de mujer es un elemento a su favor en un cargo que usualmente ha sido ocupado por hombres. Además, podría ser el fiel de la balanza si en la Corte Suprema se polarizan los apoyos entre Reyes y Martínez.
  • Yesid Reyes es un jurista serio y un penalista de avanzada que como ministro de Justicia demostró que un cargo como el de fiscal general está hecho a su medida. Tiene el respeto de todos los sectores políticos (incluido el uribismo) pues ha demostrado ser una persona ecuánime y centrada, y lideró la posición del gobierno frente al nuevo enfoque en la lucha contra las drogas ilícitas. Sin embargo, demostró cierta indolencia frente a los problemas de la Rama Judicial, de lo cual seguramente tomaron nota en la Corte Suprema de Justicia. Su condición de víctima, al ser hijo del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía, le da un valor simbólico a su elección.

Haber sido ministro de Santos será un pecado que le sacarán en cara cuando empiece a tomar decisiones que puedan afectar a los contradictores del gobierno. Sin embargo, Reyes es quien da mayores garantías para cumplir el llamado “deber de ingratitud”, es decir, la cualidad que deben tener los servidores públicos de ejercer sus funciones en estricto cumplimiento de su mandato y no pagando favores al postulante o al elector.

  • Entre los tres postulados, Néstor Humberto Martínez es el menos calificado para el cargo. Aunque ha ocupado la cartera de Justicia en dos oportunidades y se le reconoce como un gran jurista y asesor de grandes conglomerados económicos, su especialidad no ha sido el derecho penal. Sin embargo, es el candidato con mayor significación política y quien despierta las mayores suspicacias, dada su cercanía al vicepresidente Vargas Lleras, así como por su trayectoria como asesor y abogado de grandes empresarios. Esto último lo podría llevar a tener conflictos de interés en el cargo (uno de los problemas que tuvo Montealegre). Pero en honor a la verdad hay que decir que estos conflictos son comunes para cualquier abogado exitoso en el ejercicio de su profesión.

Martínez conoce el mundo del derecho, fue el artífice y gran defensor de la reforma de “equilibrio de poderes” (lo cual puede ser un factor adverso en la Corte Suprema) y como ministro de Justicia adelantó tareas importantes que lo dejan bien parado como gerente. Y gerencia es lo que le falta a la Fiscalía.

Martínez caería bien en el uribismo, pero despertaría resistencias en sectores políticos y sociales de centro-izquierda que no ven con buenos ojos la llegada al ente de investigación de un abogado con altos intereses económicos, por ejemplo, en el temade tierras, donde uno de sus más importantes clientes está en el negocio. Con él se puede repetir el síndrome Montealegre respecto del caso Saludcoop.

¿Quién ganará?

El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
El Ministro de Justicia Yesid Reyes.
Foto: Minjusticia

Por su trayectoria, formación y logros, quien más garantías ofrece es Yesid Reyes, quien sería una elección que dejaría a todo el mundo tranquilo, menos, claro está, a Vargas Lleras, quien quiere acumular todo el capital político necesario para asegurar su presidencia en 2018. Pero como el gobierno no controla a la Corte Suprema, una derrota de Martínez no le puede ser atribuida a Santos.

La Corte Suprema de hoy no es la misma que eligió a Montealegre ni a Mario Iguarán, y que fue tan sensible a la polarización política e ideológica que trajeron los gobiernos de Uribe (llegó incluso a devolver una terna, un procedimiento atípico que significó una interinidad en esa entidad por cerca de dos años).

La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente.

La recomposición reciente de la Corte augura un panorama incierto. Sin embargo, el hecho de saberse con anterioridad la postulación de Martínez le habría dado cierta ventaja a este sobre sus competidores, por visibilidad y cabildeo. Además, conociendo sus antecedentes, Martínez también tendría un mayor poder de negociación, ahora que se discute la constitucionalidad de la reforma de “equilibrio de poderes” y que se conoce de la ponencia favorable al gobierno que habría elaborado el magistrado ponente – quien a su vez fue postulado a la Corte por el presidente Santos-.

Tanto Reyes como Martínez han defendido la idea de que el fiscal debe ser elegido directamente por el presidente de la República, como lo es en el sistema estadounidense (de donde se tomó la figura). Pero en Colombia la cantidad de poder que ostenta el jefe del Ejecutivo desaconseja esa medida, a pesar de que sea una contradicción aparente que el responsable del orden público no pueda incidir directamente sobre la política criminal.

¿Cambio de modelo?

La coyuntura amerita que se dé un debate sobre el diseño institucional de la Fiscalía y del procedimiento de elección del fiscal. La naturaleza política del cargo se ha hecho evidente y el procedimiento de elección no se corresponde con esa condición.

En este momento, es oportuno sopesar los pros y los contras de adoptar el modelo norteamericano y pensar en la posibilidad de intercambiar la fórmula de la elección (la Corte Superna propone la terna y el presidente elige) o trasladar todo el proceso a la Rama Judicial (el Consejo de Estado terna y la Corte Suprema elige), para minimizar el sabor político del procedimiento.

La politización que se ha hecho evidente en este proceso no es un buen síntoma de la independencia e imparcialidad que debe caracterizar el proceder de un funcionario adscrito a la Rama Judicial. Un vicepresidente en tránsito de candidato preocupado por quién debe ser el fiscal general es una anomalía que no debería existir en nuestro modelo estatal.

 

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.  

twitter1-1@cuervoji

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