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¿Caerá el plebiscito en la Corte Constitucional?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.

José Gregorio HernándezEl proyecto de ley que reduce el umbral y obligaría a que todas las ramas del Estado ratifiquen los acuerdos de La Habana debe ser declarado inconstitucional. Las razones son muy claras.

José Gregorio Hernández Galindo*

Dos puntos clave

En desarrollo del artículo 241, numeral 8, de la Constitución, la Corte Constitucional debe revisar el proyecto de ley estatutaria que el Congreso aprobó el año pasado y que introdujo  algunos cambios a las normas sobre el plebiscito, fijando reglas especiales para la refrendación popular del acuerdo que eventualmente se firme en La Habana. Entre los cambios previstos se destacan:

  • El de reducir el umbral al 13 por ciento del censo electoral, y
  • La obligatoriedad que tendría el plebiscito para todos los órganos estatales, no apenas para el presidente o para el gobierno nacional.

-El proyecto de ley estatutaria no estableció un umbral de validación, sino que alude directamente a la mayoría exigida en favor del sí para que el plebiscito se dé por aprobado.

Dice el proyecto (artículo 2, numeral 3) que “Se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no”.

-En torno del poder vinculante del plebiscito y en relación con las reformas que habrían de adoptar o ejecutar las varias ramas del Estado, dice el  Artículo 3° del proyecto: “Carácter y consecuencias de la decisión. La decisión aprobada a través del Plebiscito para la Refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”.

El pueblo debe decidir

Delegación de Paz de las FARC.
Delegación de Paz de las FARC.
Foto: FARC-EPaz

Además de salvaguardar la libertad y proclamar los derechos y garantías de los gobernados, las constituciones políticas tienen por objeto establecer los límites y restricciones indispensables para evitar el abuso del poder. Para eso las constituciones prevén competencias, facultades, deberes, responsabilidades y formas de control, freno y contrapeso.

No se trata de dar la apariencia de un apoyo popular a cierta decisión.

Como varios juristas lo expresamos en el escrito de impugnación presentado a la Corte Constitucional, en una democracia participativa el pueblo -titular de la soberanía- debe gozar de la posibilidad de actuar directamente y con libertad para decidir sobre los asuntos de su interés y acerca del futuro de la sociedad y del Estado.

Las posibilidades de participación del pueblo en la toma de decisiones, en especial las de mayor impacto desde el punto de vista institucional, deben aumentarse -en vez de ser recortadas o disminuidas- en la medida de la importancia y trascendencia de los asuntos materia de su consideración. No es un tema menor que el gobierno pacte con una organización armada determinados acuerdos de paz, en qué condiciones y con cuáles características, a qué costo para la sociedad, con cuáles implicaciones institucionales y con qué tipo de compromisos oficiales sobre reformas de rango constitucional y legal.

Por el contrario, este es el más importante y el más grave de todos los asuntos de interés social y político, no solamente para las actuales sino para las futuras generaciones. Por lo tanto es mucho lo que al respecto tiene que decir el pueblo colombiano y el sistema jurídico le debe garantizar una participación amplia, espontánea y libre, dentro de los lineamientos constitucionales y sin posibilidad de manipulación por parte de quienes ejercen el poder.

El artículo 3 de la Constitución proclama que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público y dice que el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, pero siempre “en los términos que la Constitución establece”.

Desde luego, la Constitución deja en cabeza del legislador  la competencia para regular los mecanismos de participación ciudadana, pero esa competencia no llega al punto de obstruir la efectiva participación popular, o de permitir o facilitar que quienes ejercen el poder manipulen los procedimientos aplicados para la votación del pueblo, ni para que desvirtúen o distorsionen el sentido y alcances de las decisiones que aquél adopte.

No se trata de dar la apariencia de un apoyo popular a cierta decisión, sino de garantizar que el pueblo decida con libertad acerca de su apoyo a lo que a su votación se somete.

Por lo tanto el proyecto que la Corte revisa debería caer por inconstitucionalidad si el mecanismo propuesto para legitimar el acuerdo que convengan el gobierno y las FARC no confiere a los ciudadanos la plena libertad y espontaneidad en la toma de sus decisiones, si facilita que estas resulten manipuladas o distorsionadas, o si los resultados electorales pueden ser utilizados o aprovechados contra el principio democrático o contra las mayorías nacionales.

El gobierno había sostenido inicialmente que la refrendación popular debería darse  a través de un referendo, e inclusive tramitó en el Congreso un proyecto de ley estatutaria para permitir que el referendo fuera votado el día de la elección de alcaldes y gobernadores en octubre de 2015. Aunque después optó por el plebiscito.

Las FARC y también el Centro Democrático han hablado de una asamblea constituyente, que el Ejecutivo no ha aceptado hasta ahora. Y es cierto que este no parece ser el mecanismo más apropiado, ya que el objeto de un cuerpo de esa naturaleza no es refrendar acuerdos previamente adoptados sino aprobar normas jurídicas y textos constitucionales.

Por otra parte, como lo expresé en otro artículo de Razón Pública, la convocatoria de una asamblea constituyente implica un trámite complejo y prolongado. De suerte que, con miras a la refrendación del acuerdo o acuerdos de La Habana, la asamblea constituyente no parece ser la mejor opción (aunque algunos congresistas han hablado de incluirla en el proyecto del acto legislativo que se tramita sobre el procedimiento especial para la paz).

Meterse con la constitución

Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Plenaria del Senado en el Capitolio Nacional.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Sobre el carácter vinculante del plebiscito debo repetir que del texto arriba transcrito se desprende una orden al Congreso para reformar la Constitución y elevar a su nivel lo pactado en el acuerdo de paz. Esto significa sustituir el actual sistema constitucional, que no contempla el plebiscito como uno de los procedimientos admitidos para enmendar la Carta Política.

La Constitución no puede ser reformada mediante plebiscito. 

Las constituciones colombianas han sido rígidas –y lo es la de 1991-, lo que significa que para su reforma es necesario cumplir requisitos especiales, mucho más complejos y exigentes que los señalados para la reforma y modificación de las leyes. La Constitución  de 1991, aunque ha sido modificada ya cuarenta y una veces, se clasifica como rígida, puesto que tiene unos requisitos formales indispensables para cualquier enmienda de su texto.

El artículo 374 contempla tres procedimientos para su reforma: el acto legislativo expedido por el Congreso, la asamblea constituyente y el referendo. Los artículos 375, 376 y 378 señalan los pasos que deben darse para utilizar cada una de esas vías.

A diferencia de la norma constitucional que venía rigiendo desde 1910 -ratificada en 1957-, que únicamente admitía reformas expedidas por el Congreso, en 1991 se establecieron las tres modalidades indicadas, y aparte de ellas no hay más.

La Constitución no puede ser reformada mediante plebiscito. Es más, la Ley 134 de 1994 prohíbe expresamente que este mecanismo de participación sea usado con tal fin. Su artículo 78 señala que: “En ningún caso el plebiscito podrá versar sobre la duración del periodo constitucional del mandato presidencial, ni podrá modificar la Constitución Política”.

Pero en el artículo 3 del proyecto de ley estatutaria se señala que el plebiscito aprobado “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”. Además, insiste: “En consecuencia, el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas”.

Si los votantes en el plebiscito votan por el sí, el Congreso deberá acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas y, por tanto, si en el acuerdo se pactó reformar la Constitución, estará obligado a reformar la Constitución en lo que el acuerdo haya dispuesto, porque la decisión plebiscitaria tendrá carácter vinculante.

Así pues por ley estatutaria se pretende adicionar el plebiscito al artículo 374 de la Constitución, a la manera de un cuarto mecanismo para su reforma, y ello conllevaría la obligación del Congreso de reformarla, no según su voluntad, sino según lo que se acuerde en La Habana. Eso, desde luego, viola la Constitución por falta de competencia del legislador estatutario.

 

*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

twitter1-1@josegreghg

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