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¿Para qué sirve la Ley de Pequeñas Causas?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Sala de Audiencia Penal.

Farid Samir Benavides Alejandro Guerrero La nueva ley de procedimiento quiere  aumentar la eficiencia de la justicia penal. Pero la evidencia empírica no parece dar sustento a esas buenas intenciones, de manera que el remedio bien podría ser peor que la propia enfermedad. 

Farid Samir Benavides* - Alejandro Guerrero Torres**

¿En qué consiste la Ley?

El pasado 13 de enero, el presidente sancionó la Ley 1826 de 2017, “por medio de la cual se establece un procedimiento penal abreviado y se regula la figura del acusador privado”. Se trata de dos medidas con fines diferentes, pero el proyecto las incorpora para alcanzar un mismo propósito: la eficiencia de la administración de justicia:

  • La abreviación del proceso penal busca lograr un procedimiento expedito para aquellos casos en los cuales no es necesario por la naturaleza del delito y por la existencia de pruebas suficientes llevar adelante un proceso largo y complicado.
  • Por otra parte la figura del acusador privado, consagrada en el artículo 2 del Acto Legislativo 06 de 2011 permite a las víctimas investigar y acusar a través de sus abogados cuando la Fiscalía General de la Nación (FGN) no tenga interés en ejercer la acción por su propia cuenta.

La nueva Ley propone un procedimiento especial reducido en comparación con el que rige actualmente. En la Ley 906 de 2004 existen cinco audiencias:

  • Imputación,
  • Acusación,
  • Preparatoria,
  • Juicio oral y
  • Lectura del fallo.

En el caso del procedimiento penal abreviado se pasa a dos audiencias: la audiencia de solicitud y descubrimiento de prueba y el juicio oral, donde se practican las pruebas y se juzga a la persona.

Este tipo de procedimiento está reservado a los delitos querellables esto es, a aquellos donde la víctima es el único titular de la acción penal y ésta no pude ser ejercida por la FGN. En la práctica estos delitos se reducen a aquellos de

  • Lesiones personales:
  • Actos de discriminación,
  • Inasistencia alimentaria,
  • Injuria,
  • Calumnia,
  • Algunos delitos contra el patrimonio económico,
  • Delitos contra los derechos de autor, y
  • Algunos de los delitos contra el orden económico y social.

De esta manera se reconoce que, con autorización de la FGN, la víctima puede disponer de la acción penal y llevar adelante el propio proceso acusando y practicando las pruebas en presencia del juez. Esta figura, en la cual el fiscal le transmite la titularidad al particular, se denomina “conversión de la acción”, donde la acción pasa de ser pública a privada.

Suposiciones equivocadas

Foro realizado contra el huerto
Foro realizado contra el hurto de celulares
Foto: Ministerio TIC Colombia

Tradicionalmente, las reformas a la justicia en América Latina han buscado que el proceso en general, y el penal en particular, sea mucho más eficiente. Para ello se han analizado los diferentes obstáculos y cómo podría contribuir su eliminación a una justicia más rápida.

Con frecuencia se pensó que el número reducido de operadores judiciales era la razón principal de la congestión. En otros casos se pensó que era el resultado de un exceso de funciones de los fiscales y los jueces. Otras veces se le atribuyó a la ausencia de sistemas informáticos que agilizaran la coordinación entre las diversas audiencias y los distintos operadores.

El gobierno supone, sin bases reales, que la reducción en la cantidad de audiencias disminuirá también el tiempo que toman. 

Se dice que con la reducción de las audiencias gracias a la nueva Ley van a agilizarse alrededor de 400.000 procesos por año. Sin embargo, no se sabe por qué habría de ser así, de dónde vienen estas cifras, ni de qué tipos de delitos se van a descongestionar los operadores judiciales. Parece que la decisión se ha tomado de manera intuitiva, pues es cierto que cinco audiencias son más que dos y por ello parece que con esta medida se reduce el tiempo de su desarrollo.  

El gobierno nacional le está apostando a la falta de complejidad de las audiencias. Por ello supone, sin bases reales, que la reducción en la cantidad de audiencias disminuirá también el tiempo que toman. Pero, ¿qué pasa si las pruebas no se pueden practicar o si no hay acuerdo entre las víctimas con respecto a la práctica de las pruebas? ¿Qué pasa si el caso se hace complejo y exige un juicio oral más amplio? ¿O qué pasa si simplemente, como ocurre en la justicia colombiana, no hay suficientes salas de audiencia o los funcionarios no tienen tiempo para desarrollar dos audiencias?

Considerando lo anterior, esta solución es muy limitada y apuesta por medidas superficiales. Solo para citar un ejemplo: en Chile los casos más fáciles se resuelven en cuestión de horas, dentro de un sistema complejo que hace que fiscales, jueces y defensores estén de acuerdo en una solución expedita del caso y con la existencia de jueces que no llevan casos, sino que hacen su trabajo dentro del turno respectivo.

El acusador privado

Abreviación de procedimientos penales.
Abreviación de procedimientos penales. 
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El aspecto más interesante de esta nueva Ley es la reglamentación de la figura del acusador privado. La Constitución encomienda a la FGN el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, en el Acto Legislativo 06 de 2011 se introdujo la figura del acusador particular. La reforma incorporó un nuevo parágrafo según el cual  “Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente”.

El gobierno nacional creó una comisión encargada de regular esta figura, pero no llegó a un acuerdo sobre el particular, debido sobre todo a discrepancias sobre el tipo de delitos a los cuales podría aplicarse esta acción y acerca de otra serie de figuras que podían resultar discordantes con el sistema penal y constitucional actual.

Para algunos, esta figura debería concebirse como una sanción a la inactividad de la FGN o como una especie de control ciudadano a la misma. De esta manera, si la FGN no lleva adelante de manera eficiente el proceso penal, las víctimas podrían solicitar al juez que se les reconociera como acusadores privados sustituyendo a la FGN o que se forzara a esta a hacer su trabajo de manera más eficiente.

Para otros, la restricción señalada en la primera parte del texto muestra claramente que la acción se reservaba solo para ciertos delitos, “atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible”. Desde este punto de vista, la acción particular debía ser reservada solo para aquellos los delitos querellables cuando la FGN no tuviera interés en desarrollar directamente la acción penal.

El gobierno nacional optó por la segunda interpretación, y por ello en su proyecto en donde se quería reglamentar de una forma eficiente y adecuada lo que fue la fallida “Ley de pequeñas causas” limita la aplicación de la figura a los delitos querellables. Por esta razón no concibe la figura como una sanción o un control a la FGN.

Esta ley es una buena muestra de la tradicional reforma de escritorio, carente de sustento empírico. 

En todo caso, de la lectura del artículo constitucional y de la historia de esta reforma no se puede inferir que su propósito sea un aumento de la eficiencia de la administración de justicia. Por eso resulta extraño que el Legislativo haya querido asociar el ejercicio de la acción particular con la eficiencia del sistema de justicia. Sobre todo, considerando que el gobierno nacional no ofrece ningún estudio empírico que demuestre que la existencia de la figura aumentaría la eficiencia de la justicia colombiana.

Lo contrario parece ser más probable: que los particulares decidan acudir a figuras de acusación particular, lo que inundaría la administración de justicia con procesos de litigio innecesarios y nos enfrentaría a casos de venganza entre particulares por medios judiciales.

Adicionalmente, la Comisión Asesora para la Desmonopolización de la Acción Penal del Ministerio de Justicia sostuvo que va a ser más engorroso para la víctima asumir su nuevo papel en el proceso penal. Allí va a estar sola y pagándole a su abogado, si no logra conseguir uno de oficio. Esto va a aumentar el número de solicitudes ante la Defensoría del Pueblo, a desbordar la capacidad de esta institución y a dejar en suspenso los derechos de las víctimas.

Para terminar, esta ley es una buena muestra de la tradicional reforma de escritorio, basada en puros argumentos doctrinales y carente de sustento empírico. Es hora de que los operadores de la política criminal en Colombia hagan una política pública fundada en la Constitución y en la evidencia empírica, no en visiones populistas y dogmáticas de la realidad.

 

* Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá y de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universitat Ramon Llull, Blanquerna en Barcelona. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

** Master LL.M. en Derecho Penal de la Universidad de Múnich (Ludwig Maximilians Universität- LMU). Abogado y especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Exbecario del DAAD. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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Comentarios  

María Jara
0 # abogadaMaría Jara 03-03-2017 06:10
Considero que el artículo es muy interesante en tanto analiza las grandes dificultades que tendrá la implementación de ese procedimiento, tal como ha ocurrido en años anteriores con leyes similares, como la Ley 228 de 1995
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