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Operación Orión: ¿por fin sabremos la verdad?

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

Comuna 13 durante la Operación Orión.

La JEP podría ordenar el cierre y protección de lugares donde presuntamente están sepultados cuerpos de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín.

Norela Mesa* y Alfonso Insuasty**

Buscando a los desaparecidos

Los pasados 17 y 18 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a una audiencia pública en la ciudad de Medellín con el fin de obtener información para establecer la viabilidad de proteger, mediante una medida cautelar, dos lugares conocidos como La Escombrera y La Arenera, donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas de la Comuna 13.

La audiencia sucede casi un año después de octubre del 2018, cuando las víctimas que dejó la Operación Orión y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron un informe ante la JEP con relatos de las vulneraciones ocurridas durante la violenta incursión y pidiendo medidas cautelares sobre estos sitios.

El cierre de dichos lugares se solicita con el fin de “reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto como ‘garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares”. Otro de los argumentos de la petición es que allí se siguen sepultando personas asesinadas en el marco de la violencia armada que vive la comuna.

Estas afirmaciones chocan con las declaraciones oficiales de la administración municipal de Medellín. Según esta, no se hallaron cadáveres en las primeras excavaciones realizadas para tratar de localizar cuerpos de personas que, en el momento actual, se encuentran desaparecidas.

Fueron necesarios cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército y efectivos de la policía metropolitana.

Además, durante la audiencia se reveló que la Alcaldía de Medellín había buscado mantener bajo reserva un informe que en el año 2010 contrató con la Universidad de Antioquia y que contiene entrevistas realizadas por la universidad tanto a víctimas como a victimarios de los casos de desaparición forzada.

El informe señala lugares precisos de enterramientos clandestinos y casas de tortura, reafirmando además que la desaparición de habitantes de la Comuna 13 “fue parte de la política de los grupos armados de paramilitares y de las fuerzas del Estado”. En esto coinciden las declaraciones de María Victoria Fallón Morales, abogada del grupo interdisciplinario de derechos humanos GIDH y la divulgación de apartes del informe realizada por la revista Semana el pasado 18 de julio.

Las declaraciones y formas de proceder de la Alcaldía son una muestra de negligencia con las víctimas y su reparación, pues impiden que aflore la verdad sobre este episodio. Es una evasión de responsabilidad por los crímenes cometidos y de su deber de aportar al esclarecimiento y reparación de quienes han sufrido desde la incertidumbre las crueldades del conflicto.

¿Qué pasó en la Comuna 13?

Como bien lo relata Maurice Lemoine, periodista investigador francés, el 29 de mayo de 2002 se realizó en zona urbana de Medellín, propiamente en la Comuna 13, la primera operación militar cuyo objetivo era “pacificar” la zona, liberarla de la presencia del ELN, las FARC y los Comandos Armados del Pueblo (CAP); fue la llamada Operación Mariscal.

Tiempo después, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, siendo ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez, se ordenó «retomar» la Comuna 13 en el marco de su política de “Seguridad Democrática”. Así se realizaron la operación «Antorcha» el 15 de agosto y la operación «Orión» el 16 de octubre.

Fueron necesarios cinco batallones de la IV Brigada, el Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas (FUDRA), el batallón contraguerrillero del ejército y efectivos de la policía metropolitana y de la policía de Antioquia, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Las recientes investigaciones apuntan que la desaparición fue una política tanto de paramilitares como de la fuerza estatal.

Foto: Derechos Humanos MinInterior
Las recientes investigaciones apuntan que la desaparición fue una política tanto de paramilitares como de la fuerza estatal.

Antes, durante y después de las operaciones, las fuerzas estatales trabajaron de la mano de grupos paramilitares e informantes, entre los cuales se encontraba alias Carlos Pesebre. Así narró Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, lo ocurrido en la operación Orión:

“El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares. Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó (sic) varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos.”

Puede leer: Uribe, el aro y la verdad.

Un territorio codiciado

Aquella fue una época sangrienta que marcó el tránsito de una guerra rural hacía una guerra urbana. El resultado no fue la pacificación de la Comuna 13, sino un cambio del bando en el poder.

Poco después de la Operación Orión, cuando se supone que fueron golpeadas las milicias del ELN y las FARC, los grupos paramilitares se tomaron el sector, imponiendo su régimen de terror. Luego de la desmovilización o sometimiento del bloque Cacique Nutibara (2003) y del bloque Héroes de Granada (2005), continuó el control territorial criminal, manteniendo la misma organización y lógica paramilitar.

Diecisiete años después, la herida sigue abierta. 

En cierta medida, podría considerarse que Operación Orión fue un “falso positivo territorial”. A la opinión pública se le mostró que las Fuerzas Armadas habían logrado recuperar el territorio, pero si antes eran grupos guerrilleros los que imperaban, ahora los paramilitares hacían festín con la comuna amablemente concesionada por agentes del Estado.

Cabe recordar que la Comuna 13 es un territorio en disputa por ser estratégico para grupos armados y organizaciones criminales por su conexión con el occidente del departamento de Antioquia. Esto lo ha convertido en un corredor para el tráfico de armas y estupefacientes y ese es el motivo por el cual, a pesar de todas las intervenciones que se han hecho en la zona, sigue estando inmersa en el conflicto.

Le recomendamos: Violencia en las comunas: Colombia al borde del abismo.

La esperanza en la JEP

Lo cierto es que, diecisiete años después, la herida sigue abierta. Desde la Escombrera, la Arenera y un par de sitios más en los que funcionaban casas de tortura y secuestro, los muertos y los desaparecidos se niegan a hablar y a revelar la verdad.

Pero no por cuenta de ellos, sino debido a las múltiples irregularidades que han existido en los procesos de búsqueda e investigaciones a cargo de la Fiscalía y la Administración Municipal, y que impiden que las víctimas obtengan sosiego y los muertos, como dirían los creyentes, cristiana sepultura.

Comuna 13

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Comuna 13.

Si bien estos hechos no se han vinculado oficialmente al caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, el modus operandi y las alianzas y connivencia entre grupos paramilitares y agentes del Estado dan cuenta de una estrategia que pretendía mostrar resultados en torno a la recuperación del territorio por parte del Estado, al mismo tiempo que exterminar por vía armada a los grupos insurgentes y sus supuestos colaboradores.

Lea en Razón Pública: La escombrera: una verdad enterrada.

En este caso, como en muchos otros, al Estado y sus Fuerzas Armadas no les importó llevarse por delante civiles indefensos e inocentes, pues para ellos el fin justificaba los medios.

Queda esperar que la JEP, en el cumplimiento de sus funciones y del compromiso que tiene con las víctimas, alcance un poco de justicia, consuelo y reparación para quienes siguen llorando a sus seres queridos. Ojalá que esa verdad que “está llegando a la JEP”, no sea ocultada como el informe de la Universidad de Antioquia, ni sea obnubilada por los alegatos exculpantes de los funcionarios que han estado a cargo de estos casos.

Mientras tanto, parte de los acuerdos derivados de la audiencia tienen que ver con nuevas delimitaciones y excavaciones en los lugares señalados. Pero mientras se da el proceso la zona es vulnerable ante la manipulación, como ha sucedido durante tantos años.

*Socióloga de la Universidad de Antioquia, investigadora e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz-Colombia) e integrante del grupo autónomo de investigación Kavilando. Medellín (Colombia). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

**Licenciado en Filosofía, especialista en Ciencias Políticas, magister, estudiante del doctorado en Conocimiento y Cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.). Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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