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Cauca: confluencia de problemas en busca de soluciones institucionales

(Tiempo estimado: 5 - 9 minutos)

juan manuel charryLos sucesos de Toribio dejaron un balance negativo para el gobierno y para los indígenas: sólo ganaron las FARC. Pero en lugar de verse como enemigos, el Estado y las comunidades nativas podrían colaborar.

Juan Manuel Charry

Un departamento víctima

No son nuevos los incidentes de las comunidades indígenas con la Fuerza Pública en el contexto del conflicto armado con las FARC y otros grupos ilegales. Hace años habían ocurrido hechos similares, donde con relativo éxito se intentó expulsar a la guerrilla de los territorios indígenas.

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Tras más de 400 ataques de las FARC, se produjo una reacción inédita de los indígenas: salieron en busca de sus trincheras para desbaratarlas y obligarlos a salir de la zona.    Foto: FMC.org.co

De tiempo atrás en el Cauca confluyen diferentes conflictos y problemas: de tierras, que involucran intereses de las comunidades indígenas y de latifundistas; de guerrillas, que se esconden en su intrincada geografía; del delito organizado, que aprovecha la ausencia relativa de autoridades para sembrar coca y procesar cocaína, con el concurso de los subversivos; de paramilitarismo incipiente, que degeneró en bandas criminales. Todo lo anterior dentro de condiciones económicas precarias y una gran debilidad estatal.

Tal vez no haya una víctima más significativa de la derrota del federalismo del siglo XIX y del fortalecimiento del centralismo que el actual departamento del Cauca: fruto de la división para debilitarlo políticamente, empobrecido, sin mayores potenciales, presa de la burocracia y de la política local, circunstancias que explicarían buena parte de las causas por las cuales confluyen todos estos problemas en su territorio.

Reacción inédita... y excesiva

Tras más de 400 ataques de las FARC, durante los primeros días de julio de este año ese grupo lanzó un ataque masivo sobre Toribío que duró más de 40 horas y que produjo una reacción inédita de los indígenas: salieron en busca de sus trincheras para desbaratarlas y obligarlos a salir de la zona.

Al parecer la guerrilla aceptó la posibilidad de salir, siempre y cuando se retirara también la Fuerza Pública. Los indígenas concluyeron que la actividad militar no servía para controlar el territorio y procedieron a desmantelar la estación de policía, con la intención de que las propias comunidades indígenas asumieron el control territorial y la erradicación de cultivos ilícitos.

La guardia indígena se tomó el cerro Berlín, donde una base militar custodiaba las torres de telecomunicaciones. El ejército se mantuvo sereno, pero las escenas resultaron perturbadoras: atropellos, agresiones e intentos de desalojo. Los desórdenes fueron inevitables, hubo muertos, heridos de ambos bandos, retenciones, protestas, y el inicio de investigaciones judiciales.

Es cierto que los indígenas han tenido que padecer con más intensidad el conflicto armado, que el Estado no ha cumplido a cabalidad con sus funciones y que las promesas para solucionar muchos de sus problemas no se han concretado.

Sin embargo, pretender ejercer coacción para imponer sus propias razones es equivocado e ilegal. La Fuerza Pública no puede ser objeto de desalojos por parte de autoridades indígenas ni territoriales, por más autonomía y prerrogativas constitucionales que se aleguen.

Con su conducta, los miembros de las comunidades indígenas se prestaron al juego de las FARC: se enfrentaron a la Fuerza Pública, causaron desórdenes y más violencia.

Rigidez del gobierno

Por su parte el gobierno reaccionó celebrando un primer consejo de ministros en la zona y negando cualquier posibilidad de retirar a los miembros del Ejército y de la Policía.

Juan_Charry_Cauca_lagrimasEl ejército se mantuvo sereno, pero las escenas resultaron perturbadoras: atropellos, agresiones e intentos de desalojo.     Foto: Ejército

Es cierto que la presencia de las autoridades militares y de policía no se puede negociar, que las competencias en materia de orden público son del presidente como jefe de gobierno y de la Fuerza Pública, respecto de las cuales gobernadores, alcaldes y comunidades indígenas están claramente subordinados.

No obstante, la primera reacción no debió ser la intransigencia y la posición inmóvil de autoridad. Realizar un consejo de ministros solo envió un flojo mensaje de presencia simbólica del Estado en la región, en lugar de abrir efectivamente canales de comunicación para atender la reclamación de los indígenas. El cumplimiento de las funciones del Estado no excluye la coordinación y la comunicación con las comunidades.

Ahora bien, la actitud de la Fuerza Pública fue correcta — al no reaccionar frente a las medidas equivocadas de las autoridades indígenas —, a pesar de lo que tuvieron que soportar los soldados y de la indignación producida.

Las reglas de juego

Lo primero que debe establecerse es que la comunidad indígena no es el enemigo en el conflicto armado ni la Fuerza Pública puede asumir un papel de contradictor frente a la comunidad.

De otro lado, también se debe recordar que las competencias, atribuciones y prerrogativas de las comunidades indígenas, así como las del gobierno nacional y de las de la Fuerza Pública no son absolutas: se deben coordinar para que puedan desarrollarse de lado y lado, sin que implique desconocer unas u otras.

La Corte Constitucional en sentencia SU-256 de 1999, en una situación similar, ordenó reubicar una escuela o el comando de policía con riesgo de toma guerrillera. En otros términos, las comunidades no están obligadas a asumir cargas o riesgos irrazonables o desproporcionados, pero tampoco tienen derecho a oponerse al cumplimiento de las funciones estatales.

No sobra mencionar que la Constitución y varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen la consulta previa a las comunidades indígenas cuando decisiones legislativas o administrativas las afecten directamente. La Corte Constitucional ha ampliado esta exigencia más allá de la explotación de recursos naturales no renovables, sin que haya llegado a aceptar que se extienda incluso a la ubicación de puestos de Fuerza Pública, situación que en mi concepto se debe mantener.

En suma, gobierno y autoridades indígenas pueden coordinar la ubicación de las bases militares y de los puestos de policía mediante formas de colaboración recíproca, pero estas últimas no pueden obstaculizar las acciones y los movimientos de carácter estratégico o táctico.

No caer en la trampa

Una guerrilla cuya ideología recomienda combinar todas las formas de lucha, incluso la nefasta actividad del narcotráfico, ya ha utilizado a terceros para enfrentar a las autoridades legítimas. En la medida en que se logre desviar la atención a los desórdenes, las ganadoras serán las FARC.

Juan_Charry_Cauca_militaresLa Fuerza Pública no puede ser objeto de desalojos por parte de autoridades indígenas ni territoriales, por más autonomía y prerrogativas constitucionales que se aleguen.   Foto: Aporrea.org

De la forma como el Gobierno resuelva esta situación dependerán su imagen de liderazgo y la percepción de seguridad en la población. Las condiciones para un posible diálogo de paz con los guerrilleros se deterioran con los ataques a los indígenas y con las posibles infiltraciones en esas comunidades.

En cuanto a las comunidades indígenas, su autoridad moral resulta desgastada al acudir a medidas de hecho, cuando deben utilizar los canales jurídicos y de coordinación, que el Estado ha venido ampliando para proteger sus derechos y privilegios. Pero sería un grave error aceptar la consulta previa en materia de orden público.

En síntesis, el conflicto es entre la sociedad colombiana y las FARC y demás grupos ilegales. No se puede caer en la trampa de permitir que se utilicen a terceros para atacar al Estado. Pero se requiere un mayor despliegue de las funciones públicas en zonas deprimidas y olvidadas, que fueron marginadas por razones históricas.

 

* Abogado constitucionalista, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Fue Procurador Auxiliar, Asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, Conjuez de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Es autor de numerosas publicaciones. Agradeceré comentarios:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla. Agradeceré comentarios:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

twitter1-1@jmcharry 

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Comentarios  

Camilo Tascón
+1 # Camilo Tascón 24-07-2012 09:04
Hay que reconocer que el conflicto armado colombiano es entre dos ejércitos que no se pueden vencer, lo que ha prolongado la guerra de manera perniciosa, donde los ciudadanos son testigos impotentes y además abusados por ambas fuerzas armadas. Las Farc dejó desde hace mucho tiempo en representar la protesta de una sociedad ante la injusticia de sus dirigentes, y se convirtió en un ejército que su interés prioritario es sobrevivir, sus acciones no tienen nada de revolucionarias sino que se limita a unas para justificar su existencia pero no tienen un fin político de izquierda
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