La tragedia invernal: ¿quién paga los costos de la corrupción y de la imprudencia?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

marcela anzolaNo es por falta de buenas normas ambientales: la tragedia invernal se pudo evitar, de haberse frenado a tiempo la urbanización salvaje en zonas prohibidas, pero al asumir altos riesgos bajo el amparo de la corrupción de funcionarios locales, tanto promotores como ocupantes son responsables y no víctimas.

Marcela Anzola*

Un culpable real

Aunque en los últimos días han corrido ríos de tinta sobre la tragedia invernal, la mayoría de los textos se limitan a señalar los estragos del invierno y a las medidas para paliar los daños, sin ahondar sobre las causas de la misma, especialmente en cuanto hace a la responsabilidad humana.

Algunos evocan la mala suerte o la ira de la madre naturaleza- esta vez presentada como "el cambio climático" -pues interpretan estos eventos como productos de la voluntad divina o de fuerzas ajenas al querer humano. Pero en el caso concreto de la tragedia invernal en Colombia, la intervención humana sí ha jugado un papel decisivo.

En efecto, la mayoría de los expertos coincide en atribuir el invierno no sólo a los fenómenos de "el Niño" y "la Niña", sino también a las constantes violaciones de las normas ambientales que prohíben la construcción en zonas de reserva, humedales y rondas de los ríos.

Por ejemplo, en un artículo de El Espectador de mayo 2 de 2011, se indaga a tres expertos sobre las razones de la tragedia invernal y a pesar de que estos reconocen la existencia de causas naturales, hacen énfasis sobre las causas humanas:

  • el haber permitido asentamientos en lugares que no respetan la dinámica de los ríos, como ocurrió en el caso del río Bogotá, donde se toleraron construcciones en zonas de ronda;
  • el país ha crecido desordenadamente y se sabía que los asentamientos en zonas montañosas y ribereñas corrían un alto riesgo, y
  • el mal manejo de las riberas de los ríos, de las zonas inundables, de las montañas, manifiestan la mala ocupación del territorio [1].

En otras palabras, los tres expertos hacen referencia implícita a la urbanización irregular o a la que se hace violando los estándares ambientales mínimos y por supuesto las leyes.

Urbanización salvaje

A pesar de que algunos analistas insisten en pedir más rigor en las normas ambientales, el problema real no consiste en la falta de normas, sino en su violación masiva y consuetudinaria.

En efecto, desde 1974 contamos con buenas normas ambientales [2], e incluso puede afirmarse que Colombia país ha sido pionero en la materia. Y el desarrollo urbano, por su parte, está reglamentado de manera general desde 1986 [3], pero es de competencia de los concejos municipales.

Estas materias se encuentran pues plenamente reguladas. En la práctica, sin embargo, su aplicación es más que deficiente y su violación es constante. Esto se deduce de los permanentes escándalos mediáticos, que se pueden dividir en dos grandes áreas:

Los piratas en zonas de alto riesgo

El aumento de la población en las principales ciudades, producto en buena parte del desplazamiento de campesinos por causa de la violencia, se ha reflejado desde mediados del siglo XX en una continua ampliación de las periferias receptoras y de los asentamientos urbanos en terrenos de alto riesgo. Generalmente se trata de zonas protegidas, que eran de propiedad del Estado por ser reservas naturales.

El caso de Soacha ilustra esta realidad. En 1991 El Tiempo publicó un artículo titulado "La Pobreza tiene Cara de Perro", donde aludía a los problemas que existían en Ciudadela Sucre y en Altos de Cazucá, dos urbanizaciones promovidas por Rafael Forero Fetecua, por intermedio de la firma Solano & Plata Compañía Limitada. Se entregaron lotes a cambio de 45.000 pesos y 18 cuotas de seis mil pesos cada una, por concepto de la red de agua, luz y alcantarillado. Sin embargo la nota periodística resaltaba que el terreno era inestable, tanto que no era posible construir "excusados" - es decir, instalaciones sanitarias - porque las montañas podrían derrumbarse con la humedad [4].

Veinte años después la situación de Soacha es insostenible, y los temores de deslizamientos que se avizoraban en ese entonces se convirtieron en frías constataciones estadísticas. A diciembre de 2010, apenas comenzando la llamada "ola invernal", en este municipio había un muerto, 5. 564 personas afectadas, 1.306 familias damnificadas, 18 viviendas destruidas y 1.202 viviendas averiadas, como consecuencia de las inundaciones y de los deslizamientos de tierra, de acuerdo con información del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres.

Las licencias donde no se debía

Las urbanizaciones irregulares en zonas de riesgo ambiental no se limitan a los sectores populares. Los casos de La Calera y de Chía llaman la atención. Ambos sectores han atraído en la última década urbanizaciones y construcciones para los estratos más altos. Al igual que en el sur de Bogotá, el respeto por las normas ambientales ha sido, si acaso, la última prioridad para sus promotores.

  • En La Calera se reportan dudas sobre la idoneidad de los procesos de urbanización desde hace 20 años. En 1993, El Tiempo señalaba en "La Calera, Chicó Rural", que este municipio enfrentaba un acelerado proceso de urbanización, comparable solamente con el de Soacha. De acuerdo con el informe, se trataba de un proceso desordenado, que desbordó a la administración municipal y la capacidad de los servicios públicos de la localidad [5]. Este proceso parece continuar y empeorar, tanto que en el 2008 El Espectador reportaba bajo el título "La Montaña Mordida", que "en algunos sectores del municipio casas de hasta $ 500 millones sustituyen lo que debería ser bosque nativo"; estas casas al parecer fueron construidas gracias a licencias irregulares [6]. El pasado 3 de Mayo, este municipio fue declarado en Alerta Amarilla tras el desbordamiento de la quebrada de Teusa.
  • El caso de Chía es más reciente, pero muy similar al de La Calera: una desordenada proliferación de proyectos urbanísticos, acompañada de irregularidades ambientales. Los procesos de urbanización en las zonas ribereñas del Rio Frío -dentro de los 30 metros de la ronda del río- han sido objeto de frecuentes protestas en este municipio.

Tanto así, que el pasado diciembre, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, en cumplimiento de su función preventiva, llamó la atención del Alcalde del municipio por el desorden y la falta de manejo de la administración en esta materia.

Poco más adelante, el 18 de marzo de 2011, la Procuraduría le solicitó suspender obras que podrían acarrear graves daños ambientales [7]. El Alcalde debe "estudiar la posibilidad de suspender" las actividades de construcción de los proyectos "Plan de manejo ambiental y recuperación ambiental en el predio Boquerón de Tiquiza", "Proyecto de Vivienda de Interés Social SIDONIA", y "Proyecto la Nacional Laguna Azul". La Procuraduría se preocupa por el impacto que estas obras pueden tener sobre la contaminación de ríos, quebradas y acuíferos, la disminución, desecación y pérdida de los cuerpos de agua, la sedimentación, y la variación y deterioro del ciclo hidrológico, entre otros.

En Chía será necesario revisar las licencias ya otorgadas, especialmente en aquellos sectores que se han visto fuertemente afectados por las inundaciones y donde todo indica que se han violado las normas ambientales.

Los avivatos que pagamos entre todos

De este somero recuento se deduce que la corrupción ha jugado un papel central en esta historia, en tanto ella ha ayudado a que las autoridades encargadas no actúen o a que expidan licencias sin el lleno de los requisitos ambientales.

La pregunta es entonces: ¿quiénes pagarán el costo de semejante violación de las leyes? Para responder hay que tener en cuenta que, por regla general, los costos de la corrupción consisten en un deterioro del patrimonio público y que este se subsana con la restitución de los bienes. Pero en el caso que comento las leyes tienen por objeto conservar el patrimonio ambiental de largo plazo: violar aquí las normas es asumir deliberadamente riesgos con consecuencias desastrosas, previsibles e irreparables. Un ejemplo de actualidad son las muchas licencias mineras en zonas de páramo o para la exploración petrolera en medio de reservas coralíferas, que no llenan los requisitos ambientales.

Se piensa en los beneficios inmediatos pero no en las consecuencias mediatas. Es el comportamiento irresponsable e irracional de pretender recoger los beneficios hoy y... "ya se verá en el futuro" cómo se manejan los efectos indeseables... "el gobierno" sabrá qué hacer...

En los casos que he descrito, los afectados conscientemente se han puesto - y por una razón justificada o no justificada- en situación de riesgo. Los peligros les eran conocidos, pero como su ocurrencia se creía remota, o por lo menos poco probable, no había entonces de qué preocuparse.

En otros casos se trata además de terceros - como los urbanizadores piratas- que dolosamente buscaron maximizar las utilidades de corto plazo y desaparecer una vez logrado el objetivo de vender lotes inviables a largo plazo.

No obstante, cuando se dan los grandes daños, como hoy ocurre con la tragedia invernal, los beneficiarios avivatos se auto-transforman en víctimas del destino o de la naturaleza, de suerte que el Estado y la sociedad deben auxiliarlos por razones humanitarias, olvidando su bien humana responsabilidad.

En otros términos, se trasladan a la sociedad los costos de conductas claramente dolosas, tanto por los perjuicios directos que afectan a la comunidad en general, como por el deber de auxiliar a quienes sufren daños derivados de su propia imprudencia.

* Abogada de la Universidad Externado de Colombia, LL.M. Universidad de Heidelberg, Lic.oec.int Universidad de Konstanz, se desempeña como consultora en las áreas de comercio internacional, inversión extranjera y anticorrupción.

twitter1-1@marcelaanzola

Para ver las notas de pie de página, pose el mouse sobre el número.

Escribir un comentario

Agradecemos a los investigadores, académicos y profesionales que contribuyen con sus artículos, declaraciones y caricaturas inéditos para ser publicados en la Revista Razón Pública. Los autores son responsables de sus ideas y de la presentación de los hechos en este documento.

“Los comentarios en Razón Pública están sujetos a moderación, (de 8 am a 6pm hora de Colombia) con el fin de garantizar un intercambio de opiniones en tono respetuoso - serán bienvenidas la crítica aguda y la ironía - que enriquezcan el debate y resulten interesantes para lectores y autores.
En consecuencia, no se aceptarán comentarios del siguiente perfil:
1. Que constituyan descalificaciones, ataques o insultos contra los autores o contra otros participantes del foro de comentarios.
2. Que incluyan contenidos, enlaces o nombres de usuarios que razonablemente puedan considerarse insultantes, difamatorios o contrarios a las leyes colombianas.
3. Comentarios sin sentido o repetidos, que serán eliminados sin piedad.

Los comentarios no reflejan necesariamente la opinión de Razón Pública, sino la de los usuarios, únicos responsables de sus propias opiniones.”


Código de seguridad
Refescar

Please publish modules in offcanvas position.